Las directrices sucesorias del testamento de Felipe IV, además de responder a la tradición medieval castellana (las Partidas de Alfonso X), expusieron claramente la orientación austriaca de la herencia.
El Rey, al suscribir su última voluntad, siguió las pautas de sus antepasados, basadas en las disposiciones hereditarias de Carlos V: el Emperador, después de abdicar la corona imperial en su hermano Fernando, estableció que la monarquía española sólo podía ser heredada por miembros de la Casa de Austria (incluidos los miembros femeninos), de ahí la intensa política matrimonial practicada con la rama austriaca de los Habsburgo y el sistema de renuncia a la herencia practicada por las princesas españolas casadas con soberanos ajenos a la Casa de Austria (destacan en este caso las renuncias de las infantas Ana de Austria, hija de Felipe III, casada con el rey Luis XIII de Francia, y de la infanta María Teresa, hija del propio Felipe IV, casada con el rey Luis XIV de Francia). Esta solución sucesoria fue renovada en un tratado efectuado por Felipe III y el emperador Matías en 1617, por lo que parece lógico que Felipe IV mantuviera el código sucesorio aplicado desde la muerte de Carlos V. En definitiva, la tradición imperó en las cláusulas testamentarias de un rey que dejaba un niño enfermizo en el solio real, dando inicio a un nuevo período de incertidumbre, marcado por la gobernación de la hasta ese momento esposa consorte del rey: Mariana de Austria.
Según el derecho castellano, una mujer podía acceder al trono como reina propietaria o como regente en caso de que no existieran herederos varones. Felipe IV siguiendo la normativa castellana, nombró a Mariana de Austria como tutora y gobernadora de sus reinos hasta la mayoría de edad del heredero (fijada a los 14 años de edad) :
"[…] nombro por gobernadora de todos mis Reynos estados y señoríos, y tutora del prícipe mi hijo, y de otro qualquier hijo o hija que me hubiere de suceder a la Reyna doña Mariana de Austria mi muy chara, y amada muger con todas las facultades, y poder, que conforme a las leyes fueros, y privilegios, estilos y costumbres de cada uno de los dichos mis regnos, estados y señoríos…"
La ley de las Siete Partidas, arraigada firmemente en el derecho castellano, ya recogió los casos de las frecuentes minorías reales en la Edad Media; la solución más socorrida y la menos conflictiva parecía ser la regencia de la reina madre ya que ésta estaba unida por lazos de sangre a su hijo y podía ser la máxima protectora de sus derechos al trono en reinados poco seguros para las sucesiones dinásticas. No obstante, el Rey intentó compensar la inexperiencia política de su esposa estableciendo una Junta de Regencia que ayudase a la regente en el gobierno de la Monarquía.
El rey eligió a seis miembros para conformar la Junta de Regencia:
- el Presidente del Consejo de Castilla: don García Haro Sotomayor y Guzmán, conde de Castrillo
- el Vicecanciller del Consejo de Aragón: Cristóbal Crespí de Valldaura
- un representante del Consejo de Estado: don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda
- un Grande de España: don Guillén Ramón de Moncada, marqués de Aytona
- el Inquisidor General: el cardenal Pascual de Aragón
- y finalmente el Arzobispo de Toledo, máxima autoridad religiosa en la Monarquía: el cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, muerto solo unas horas antes que el Rey, por lo que la Reina hubo de buscar soluciones y con la intención de dejar vacante el puesto de Inquisidor General, obligó a don Pascual de Aragón a ocupar el arzobispado de Toledo. De este modo el puesto de inquisidor quedó libre para ser copado poco después por el máximo confidente de la reina: su confesor el padre Juan Everardo Nithard.
(Fuente Principal: "Mariana de Austria en la encruzijada política del siglo XVII" de Laura Oliván Santaliestra. Universidad Complutense de Madrid, 2006)
El Rey, al suscribir su última voluntad, siguió las pautas de sus antepasados, basadas en las disposiciones hereditarias de Carlos V: el Emperador, después de abdicar la corona imperial en su hermano Fernando, estableció que la monarquía española sólo podía ser heredada por miembros de la Casa de Austria (incluidos los miembros femeninos), de ahí la intensa política matrimonial practicada con la rama austriaca de los Habsburgo y el sistema de renuncia a la herencia practicada por las princesas españolas casadas con soberanos ajenos a la Casa de Austria (destacan en este caso las renuncias de las infantas Ana de Austria, hija de Felipe III, casada con el rey Luis XIII de Francia, y de la infanta María Teresa, hija del propio Felipe IV, casada con el rey Luis XIV de Francia). Esta solución sucesoria fue renovada en un tratado efectuado por Felipe III y el emperador Matías en 1617, por lo que parece lógico que Felipe IV mantuviera el código sucesorio aplicado desde la muerte de Carlos V. En definitiva, la tradición imperó en las cláusulas testamentarias de un rey que dejaba un niño enfermizo en el solio real, dando inicio a un nuevo período de incertidumbre, marcado por la gobernación de la hasta ese momento esposa consorte del rey: Mariana de Austria.
Según el derecho castellano, una mujer podía acceder al trono como reina propietaria o como regente en caso de que no existieran herederos varones. Felipe IV siguiendo la normativa castellana, nombró a Mariana de Austria como tutora y gobernadora de sus reinos hasta la mayoría de edad del heredero (fijada a los 14 años de edad) :
"[…] nombro por gobernadora de todos mis Reynos estados y señoríos, y tutora del prícipe mi hijo, y de otro qualquier hijo o hija que me hubiere de suceder a la Reyna doña Mariana de Austria mi muy chara, y amada muger con todas las facultades, y poder, que conforme a las leyes fueros, y privilegios, estilos y costumbres de cada uno de los dichos mis regnos, estados y señoríos…"
La ley de las Siete Partidas, arraigada firmemente en el derecho castellano, ya recogió los casos de las frecuentes minorías reales en la Edad Media; la solución más socorrida y la menos conflictiva parecía ser la regencia de la reina madre ya que ésta estaba unida por lazos de sangre a su hijo y podía ser la máxima protectora de sus derechos al trono en reinados poco seguros para las sucesiones dinásticas. No obstante, el Rey intentó compensar la inexperiencia política de su esposa estableciendo una Junta de Regencia que ayudase a la regente en el gobierno de la Monarquía.
El rey eligió a seis miembros para conformar la Junta de Regencia:
- el Presidente del Consejo de Castilla: don García Haro Sotomayor y Guzmán, conde de Castrillo
- el Vicecanciller del Consejo de Aragón: Cristóbal Crespí de Valldaura
- un representante del Consejo de Estado: don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda
- un Grande de España: don Guillén Ramón de Moncada, marqués de Aytona
- el Inquisidor General: el cardenal Pascual de Aragón
- y finalmente el Arzobispo de Toledo, máxima autoridad religiosa en la Monarquía: el cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, muerto solo unas horas antes que el Rey, por lo que la Reina hubo de buscar soluciones y con la intención de dejar vacante el puesto de Inquisidor General, obligó a don Pascual de Aragón a ocupar el arzobispado de Toledo. De este modo el puesto de inquisidor quedó libre para ser copado poco después por el máximo confidente de la reina: su confesor el padre Juan Everardo Nithard.
(Fuente Principal: "Mariana de Austria en la encruzijada política del siglo XVII" de Laura Oliván Santaliestra. Universidad Complutense de Madrid, 2006)
Si tanto Ana de Austria, esposa de Luis XIII, y María Teresa, esposa de Luis XIV habían renunciado a sus derechos, ¿qué legitimidad tiene entonces Felipe V?
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